Nuevo artículo de DPC: “No se juega con la Reforma Electoral”

Demócratas para el Cambio (DPC)*

Todos los expertos que han comparecido en la Comisión de Estudio lo han dicho: las barreras electorales canarias son extremadamente elevadas y hay que reducirlas al menos a la mitad. La sociedad civil, de forma mayoritaria, lo dice: no estamos dispuestos a que más de 100.000 de nuestros votos se tiren a la basura de nuevo en 2019. La mayoría de los partidos políticos lo dice: si hay un elemento de coincidencia entre  nosotros para reformar el sistema electoral, ese es el de la reducción de barreras a la mitad. Hasta los más recalcitrantes defensores de la infrademocrática ‘triple paridad’ lo dicen: fue un grave error subir las barreras hasta el 30% insular y 6% autonómico en 1996 y hay que bajarlas a la mitad. No olvidamos que las subieron PP y CC en el Congreso de los Diputados a espaldas del Parlamento Canario al que ahora invocan. También el texto del nuevo Estatuto de Autonomía canario remitido desde el Parlamento de Canarias al Congreso, que actualmente se encuentra en tramitación, dice que las barreras electorales serán del 15% insular y 3% autonómico, esto es, una rebaja a la mitad.

¿Y a todo este consenso de contundente mayoría social, política y académica qué dice ahora el Partido Popular de Canarias? Que las barreras se tienen que quedar como están.

A continuación explicaremos con mayor detenimiento la actitud del partido de Asier Antona, pero digámoslo ya: la posición de Demócratas para el Cambio es fijar la barrera Autonómica al 3%, como máximo. Más claro, agua. Los ciudadanos no hemos trabajado durante una década, sin ningún tipo de ayuda económica ni organizativa de institución alguna, ni hemos sacrificado horas y años de nuestra vida laboral, profesional y familiar, para que jueguen con nosotros. Estamos reclamando derechos democráticos fundamentales, supliendo el desinterés, y en algunos casos la negligencia, de nuestros representantes políticos que debieran haber velado por ellos.


Abordemos ahora la cuestión de fondo. Australia Navarro, miembro de la Ponencia para la reforma electoral por el Grupo Popular, no fijó su posición inicial en la sesión del pasado 13 de junio en el  15% insular y 5% regional. Esa fue la concesión del resto de grupos para que el PP accediera a seguir debatiendo sobre la cuestión de la proporcionalidad. En realidad, la propuesta de partida de los populares fue, como hemos dicho, dejar las barreras igual que en la actualidad: 30% insular y 6% autonómico. Y esto, sin entrar en otras consideraciones, nos plantea un primer hecho: el Partido Popular de Canarias no cumple con los compromisos que adquiere con los ciudadanos. El Pacto por la Democracia, firmado por Navarro, y aceptado por Madrid en el acuerdo con Nueva Canarias para la aprobación de los Presupuestos Generales como texto base para la futura reforma electoral, asume que las barreras electorales deben reducirse. Dejar las barreras igual no es una propuesta que dé cumplimiento al documento firmado.

Veamos ahora qué consecuencias tienen las barreras para los votantes de cada isla. El 15% de la barrera insular no tiene repercusión alguna para herreños y gomeros (sus umbrales efectivos, es decir, sus barreras naturales, son del 21% y 16% respectivamente). Para palmeros, lanzaroteños y majoreros, supone un incremento del 5% sobre sus barreras naturales del 10%, algo asumible (los pone en igualdad de condiciones respecto a los umbrales efectivos de La Gomera y El Hierro). En términos comparativos esa subida de 5 puntos supone un incremento del 50% sobre su umbral efectivo. ¿Y para Tenerife y Gran Canaria, qué implica? Pues que se añaden 10 puntos a su barrera natural que es algo menor del 5% (es del 4,79%). En términos comparativos, tal exigencia supone para estas islas un incremento del 200% sobre su umbral efectivo. De nuevo, se inflige un tratamiento claramente discriminatorio a los que vivimos en las islas capitalinas.

Para que pueda valorarse en números qué significa esto, sepamos que de promedio votan en Gran Canaria y Tenerife unos 400.000 ciudadanos. Eso implica que con menos de 60.000 votos no se accederá a ningún escaño.

La barrera autonómica o regional del 3% trata de paliar esta situación. El promedio de votos regional suele ser de 920.000. Su 3% implica superar 27.600 votos para acceder al escaño. Precisamente, esta es una cifra casi idéntica a la de 28.600 votos que se obtendría si exigiéramos a Gran Canaria y Tenerife lo mismo que a las islas no capitalinas, esto es: un incremento del 50% sobre su umbral efectivo. Habría que aplicar un 7,17% (umbral efectivo del 4,79% más su mitad) a 400.000, lo que nos da la cifra mencionada de 28.600 votos.

Así se explica por qué el 3% logra igualar las opciones de acceso al escaño para los electores tinerfeños y grancanarios. Y también explica porqué es irrenunciable para la ciudadanía. Conseguimos así un trato igual para todos los canarios, mientras que con la propuesta inicial del 6% del PP, o la del 5% de compromiso, se persiste en el doble maltrato a tinerfeños y grancanarios.

Por último, nos parece incomprensible e inaceptable la postura negociadora del PP en la Ponencia, al menos por dos motivos. El primero es el de haber antepuesto la condición de las barreras para hablar de la proporcionalidad. Siempre hemos compartido el punto de vista del PP cuando ha dicho que no cuenten con ellos para una reforma electoral que solo consista en bajar barreras. Podemos entender que el PP de Canarias hubiera condicionado la reforma en sentido inverso: si no se consigue la mejora de la proporcionalidad, no estamos dispuestos a bajar barreras.

El segundo motivo es de mayor calado. ¿Qué pretende el Partido Popular al introducir de partida un elemento de disenso en un entorno tan mayoritariamente favorable al consenso? ¿Pretende el PP jugar con la reforma electoral para sus intereses políticos en el plazo inmediato? ¿Juegan quizá los populares a asegurarse la eliminación de rivales que le disputen su posición en Gran Canaria y Tenerife en futuras elecciones? Conviene que Asier Antona explique con claridad y en el plazo más breve qué pretende el Partido Popular con la reforma electoral de Canarias.

Nosotros lo manifestamos con nitidez: con los canarios, su democracia y la Reforma Electoral, no se juega.

*Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno, José Manuel Marrero Henríquez , José Brito López , Luis Roca Arencibia, Samuel Marrero Lorenzo, Manuel Rodríguez González y Carlos Fernández Esquer

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